El curioso prontuario de un ex jefe de la Policía Bonaerense

Fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Puerto Madryn participarán de un seminario sobre Escena del Delito, dictado por Daniel Salcedo, licenciado en criminalística, docente universitario y ex jefe de la Policía Bonaerense, como suelen denominarlo.

A simple vista, una joya en seguridad. Pero pasa como una ráfaga. El “Colorado”, a pesar de tener estos títulos y pertenecer a la Promoción 42 del escalafón de la Policía Científica, no contaría con ninguna experiencia en las áreas de Seguridad, Investigación y/o Narcocriminalidad.

Es el mismo jefe de la Bonaerense que, el día 13 de agosto de 2008, en el descampado de la localidad de General Rodríguez, luego de hallado los cuerpos de los tres empresarios asesinados, dijo a los medios que se encontraban en una escena del crimen primaria, es decir, que los homicidios se habían cometido en ese lugar. Días más tarde, las evidencias desmintieron sus palabras. Esta persona es la que va a dar justamente el seminario “Escena del delito”.

Cabe destacar que no solamente lo profesional, si no también lo moral deberían ser relevantes a la hora de invitar a una persona a participar de este tipo de eventos. No debería tomarse como ejemplo a sujetos con prontuarios abultados. Cómo se pueden absorber las enseñanzas de alguien que tiene un historial al costado de las leyes, lo que no legitima su trabajo y desempeño en una fuerza cuestionada, dónde él participó.

En marzo del año pasado, en el Congreso Nacional de Derechos Humanos se hiceron duras críticas contra Salcedo. El plenario se realizó en el Parlamento y contó con la participación de Nora Cortiñas, representando a las Madres de Plaza de Mayo y la diputada y nieta recuperada, María Victoria Donda, entre otros legisladores.

Cortiñas hizo referencia al entonces jefe de la Policía Bonaerense, al señalar que "según lo denunciado por la revista Veintitrés, fue partícipe de la última dictadura. Una persona con estas condiciones no puede estar a cargo de la seguridad pública". Pero no fue la única en expresarse. Por esos días, desde la Coalición Cívica pidieron al Gobernador Daniel Scioli que solicite su renuncia con carácter de urgente por considerar que estaba “incapacitado ética y moralmente para llevar a cabo la lucha contra el delito”.

Los diputados realizaron este pedido porque, en 2006, Salcedo había negado la existencia de la droga conocida como PACO, en momentos que estaba al frente de la Dirección Provincial de Policía Científica, también negó la existencia del terrorismo de Estado.

Según una investigación a cargo del periodista Jorge Lanata, se ratifica esta cuestión: “Salcedo no es lo que podría llamarse una persona intuitiva: en diversas comunicaciones oficiales ha negado la existencia de laboratorios de pasta base de cocaína en la provincia, contrariando estudios de la Corte Suprema provincial sobre el asunto. Es, eso sí, un hombre de fe: coordina las carreras de licenciatura en Criminalística y Seguridad Ciudadana en FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino).

Esta fraternidad que recuerda al autor de la Suma Teológica tiene una sede en Bariloche donde funciona el Colegio Primo Capraro por un convenio con la Agrupación Germano-Argentina presidida por el nazi Erich Priebke. FASTA, fundada por el fray Aníbal Fosbery, colaboró activamente con los militares de la última dictadura”.

Este cuestionado funcionario de seguridad presidió a la Policía Bonaerense hasta febrero de este año, lo había hecho desde 2007. Después del secuestro del empresario Leonardo Bergara en la localidad bonaerense de Ranelagh, causa en la cual se vincularon a oficiales de la fuerza, presentó su renuncia indeclinable.

En diciembre de 2008 la revista Veintitrés reveló una causa que Salcedo había ocultado durante veinte años, algo que sucedió cuando todavía era un joven oficial inspector. En 1987 atropelló a un chico de nueve años en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. Fue condenado por la Justicia civil pero no por la penal por ocultar a una testigo clave.

El texto de la nota dice: “Para dar parte de los hechos, Salcedo se presentó en la comisaría de Morón, seccional 7ª, la misma donde cumplía tareas como oficial inspector en la Delegación de Investigaciones Técnicas. El agente acudió solo, a pesar de que, como luego sería confirmado por varios testigos, al momento de lo ocurrido, en el vehículo también viajaba una joven. En la sede policial, ante el oficial subinspector Ramón Jorge Negrete, Salcedo prestó su primera declaración y luego fue sometido a un examen clínico que determinó la no presencia de alcohol en su sangre. El detalle: los peritajes fueron realizados por subalternos del entonces joven oficial.”.

Los testigos del caso eran Norma Beatriz Kessel, una vecina que vivía a cincuenta metros del lugar del hecho y Carlos José Ibáñez. Ambos coincidieron en que el conductor del Renault 12 estaba acompañado por una joven y que al bajar del auto se encontraba charlando con otros efectivos de la policía y se reía como ni nada hubiera sucedido.

Los jueces determinaron que él había tenido una responsabilidad del setenta por ciento y el niño de treinta pero jamás sufrió una condena. Ahí se encontraba Daniel Salcedo, en su escena del crimen, frío, risueño, despreocupado. Ahora va a dictar un seminario para que fiscales y funcionarios de nuestra ciudad aprendan a manejarse en una escena del delito. Un experto.

Zona liberada

“El negocio minero es el negocio del soborno”, sostuvo un habitante de San Juan alineado en la lucha contra la minería en su provincia. Sus palabras pueden escucharse en la película “Tierra sublevada, oro impuro”, realizada por el cineasta y diputado nacional Fernando “Pino” Solanas. En el film se puede ver la lucha de diferentes comunidades de la Argentina contra la explotación minera, cuenta con testimonios que ayudan a entender bien a qué se debe esa frase.

Es que es una actividad que tiene congelados los impuesto por treinta años y puede descontar del impuesto a las Ganancias todo lo invertido en insumos o estudios previos.
La Alumbrera instalada en Catamarca desde 1998, tiene producción anual de concentrados que contienen 600.000 onzas troy de oro, a una cotización promedio de 1000 dólares la unidad. La discutida minera se lleva cerca de 600 millones de dólares, sólo en oro. Invirtió 1400 millones de dólares entre 1995 y 2003, pero el conjunto de la actividad minera en el mejor año le dejó a la provincia en concepto de canon y regalías sólo 126 millones de pesos.

La empresa arribó prometiendo trabajo a los lugareños y promoviendo el desarrollo económico de la zona. ¿Cuántos catamarqueños trabajan en la mina? 300. En el departamento de Andalgalá vivían 2000 agricultores, actualmente quedan 700, la tierra fue devastada.

Un país que permite la violación de las leyes

El artículo 55 de la ley 24.051 sobre Régimen de Desechos Peligrosos dice claramente: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.”.

El cianuro, utilizado para la explotación a cielo abierto se menciona en el documento como desecho peligroso. Basándose en este fundamento, el 28 de mayo de 2008, una resolución de la Cámara Federal de Tucumán Nº II dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Rooney, vicepresidente y Gerente Comercial y Legal de Asuntos Corporativos de Minera La Alumbrera., como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto y penado. A fines de septiembre de este año la Cámara de Casación Penal de la Nación anuló el procesamiento del ejecutivo.

La ley 5001 prohíbe desde el 8 de mayo de 2003 la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut. Su artículo 1 lo expresa y aclara que la prohibición es: “en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Sin embargo, el debate continúa.

El Plan Minero Nacional es una “Política de Estado” desde el gobierno de Néstor Kirchner. Eduardo Duhalde firmó el decreto 417/2003, que permite la libre disponibilidad de las divisas, producto de las exportaciones mineras. También se sabe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) se hace cargo del riesgo exploratorio minero, poniendo al servicio de las empresas multinacionales todos los ingresos.

Por otra parte, sería importante recordar que en este país se permitió la violación a la Constitución Nacional, más precisamente al artículo 41 que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

Si se hubiese respetado ese simple artículo jamás se hubiera realizado la película de Solanas; miles de argentinos no hubieran formado parte de un gran éxodo; ni miles de hectáreas se hubieran empobrecido; ni ninguna marcha, manifestación y actos de repudio contra las multinacionales se hubiesen llevado a cabo y ni ésta ni ninguna otra nota se hubiera escrito.